La Policía Nacional entró por error en otro domicilio durante un operativo contra una mujer investigada por apropiarse de más de 500.000 euros de clientes
Por Redacción Aliquindoi Noticias
Sanlúcar de Barrameda, 10 de abril de 2025
Una operación de la Policía Nacional llevada a cabo en Sanlúcar de Barrameda para detener a una exempleada de banca acusada de estafar a más de 40 clientes ha generado polémica tras conocerse que los agentes irrumpieron por error en un domicilio equivocado, según ha informado el Diario de Cádiz.
El suceso tuvo lugar el pasado 27 de marzo, cuando los agentes, en el marco de la operación “Máscara”, accedieron a un bloque de viviendas con orden judicial para la detención y registro del domicilio de la sospechosa. Sin embargo, ingresaron inicialmente en la vivienda incorrecta, generando una escena de confusión y preocupación entre los vecinos.
Una de las residentes afectadas explicó que los agentes irrumpieron con actitud enérgica y sin titubeos, provocando momentos de tensión hasta que se dieron cuenta del error. Fue una vecina quien aclaró a los policías cuál era la vivienda correcta, lo que permitió reconducir el operativo sin mayores incidentes.
Acusación de estafa y más de medio millón desaparecido
La mujer investigada trabajaba como empleada de banca y, según la Policía, habría cometido una estafa superior a los 500.000 euros a través de presuntas manipulaciones en la gestión de productos financieros de sus clientes. Entre los casos denunciados se encuentra el de una mujer fallecida, cuya familia denunció la desaparición de unos 70.000 euros durante la tramitación de su herencia.
La operación comenzó en 2022 a raíz de múltiples denuncias y ha culminado con su detención el pasado mes de marzo. La acusada se encuentra en libertad a la espera de juicio.
La defensa pedirá la nulidad del registro
Según recoge también Diario de Cádiz, la defensa de la detenida ya ha anunciado que solicitará la nulidad de la entrada y registro, al considerar que la Policía se excedió en sus funciones. Aseguran que la orden judicial solo contemplaba el volcado de datos de equipos informáticos y el bloqueo de cuentas, pero que los agentes se llevaron además una gran cantidad de documentación física, lo que, a juicio de la defensa, podría considerarse una vulneración de derechos.