La empresa municipal Elicodesa atraviesa una situación de bloqueo institucional que ha impedido el pago de las nóminas a su plantilla, pese a disponer de recursos económicos suficientes. El origen del problema es la destitución del anterior apoderado —figura encargada de la firma y ejecución de pagos— y la falta de acuerdo en el Consejo de Administración para designar a una nueva persona con capacidad ejecutiva.
Dos posiciones enfrentadas en el Consejo de Administración
El conflicto responde a interpretaciones opuestas entre la mayoría del Consejo de Administración (Partido Popular y Partido Socialista) y la presidencia del mismo, que ostenta la alcaldesa Carmen Álvarez (Izquierda Unida).
Posición de PP y PSOE
La mayoría del Consejo sostiene que la presidenta, como máxima responsable de la empresa, debe firmar las nóminas hasta que se designe un nuevo apoderado. Argumentan que:
- Anteriores alcaldes y delegados firmaron las nóminas durante años sin problemas.
- No existe impedimento técnico ni legal que lo impida.
- El bloqueo se debe a una “decisión política” de la alcaldesa de no asumir la propuesta de la mayoría.
Además, aseguran que presentaron dos posibles soluciones:
- que la alcaldesa firme las nóminas,
- o que se autorice a una trabajadora para hacerlo.
Según PP y PSOE, la alcaldesa impidió incluso la votación sobre esta segunda opción.
Posición de la presidencia (IU)
La alcaldesa Carmen Álvarez sostiene que la decisión de PP y PSOE de destituir al anterior apoderado generó una situación que “no existía previamente”. Defiende que:
- La Ley de Bases de Régimen Local y los Estatutos de Elicodesa limitan su función a la representación institucional, no ejecutiva.
- Firmar nóminas o realizar actos de gestión supondría vulnerar la normativa, ya que no posee poderes de apoderamiento.
- Ha presentado hasta cuatro propuestas para nombrar un nuevo apoderado, todas rechazadas por la mayoría del Consejo.
- El cese del anterior apoderado aún no se ha inscrito oficialmente, lo que deja a la empresa en un vacío operativo.
La presidencia considera que el problema es “estrictamente político” y atribuye a la oposición la responsabilidad de mantener el bloqueo.
Situación económica y consecuencias directas
Elicodesa dispone de fondos suficientes para afrontar sus obligaciones salariales. La empresa cuenta, según los datos facilitados, con 11 millones de euros en sus cuentas.
La imposibilidad de realizar los pagos se debe exclusivamente a la falta de una persona con capacidad legal para firmar las nóminas y autorizar transferencias. Este bloqueo administrativo está afectando directamente a las trabajadoras y trabajadores de la empresa, que no han podido percibir sus salarios en los plazos habituales.
Movilización sindical y rechazo a una gerencia no reconocida
A la crisis institucional se ha sumado un conflicto laboral interno. La Delegada Sindical de la empresa, Isabel Jurado, ha remitido un comunicado a la plantilla informando de que la trabajadora Julia se ha presentado como nueva gerente.
Según el comunicado sindical:
- La plantilla no reconoce esta gerencia ni la considera legítima.
- Los trabajadores recuerdan que en la última asamblea votaron que su compañero Gaby continuara como gerente o apoderado.
- Atribuyen a PP y PSOE la renuncia a mantener a Gaby en el cargo.
- Se ha convocado una manifestación frente a la sede del PP para exigir que se respete lo acordado en asamblea.
El mensaje señala que los trabajadores ejercen su derecho a la participación sindical y que no deben temer represalias.
Un conflicto pendiente de resolución
Mientras la actividad operativa de Elicodesa continúa, su funcionamiento administrativo permanece paralizado. La resolución del bloqueo depende del Consejo de Administración, que debe nombrar un nuevo apoderado con capacidad legal para reactivar los pagos y restablecer la normalidad interna.
La falta de acuerdo mantiene en riesgo el cobro de las nóminas y la estabilidad de la empresa municipal.