El pleno municipal rechaza actualizar la tarifa del agua según el IPC, lo que obligará al Ayuntamiento a asumir el coste con fondos propios. El conflicto político reactiva el debate sobre la privatización del servicio en 2010, origen de los altos precios actuales.
Sanlúcar de Barrameda sigue teniendo el agua más cara de la provincia de Cádiz. Este 6 de agosto, el Pleno del Ayuntamiento vivió una nueva controversia en torno al servicio, con el rechazo de la oposición (PP, PSOE y Vox) a la actualización tarifaria del 2% propuesta por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, en cumplimiento del contrato con la empresa concesionaria Aqualia.
El contrato —firmado en 2010 bajo el mandato del PSOE con el apoyo de Ciudadanos— privatizó el ciclo integral del agua durante 25 años y estableció la obligación de actualizar anualmente las tarifas según el IPC. Sin embargo, hasta hace pocos años esta cláusula no se aplicaba en su totalidad. Esa omisión derivó en varias sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento, que ya ha tenido que abonar más de 800.000 euros a Aqualia y se ha visto obligado desde entonces a aplicar el IPC completo.
Desde el Gobierno local, el delegado de Economía y Hacienda, David González, defendió la actualización propuesta: “Si la oposición fuera responsable, hubiera apoyado la subida progresiva del 2%, de modo que hubiese pagado más quien más consume”. Según su criterio, la negativa de la oposición a aplicar el IPC hará que todos los sanluqueños asuman por igual ese coste, independientemente de su consumo, al tener que abonarlo el Ayuntamiento con recursos propios.
Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Pérez, celebró que la oposición haya frenado “una subida ahora y nuevas en el futuro”, denunciando además “falta de transparencia y contradicciones documentales” por parte del Gobierno de IU. Afirmó que la alcaldesa, Carmen Álvarez, “ni siquiera conoce la deuda total con la concesionaria” y “agrava un problema creado por el PSOE”.
Agua cara desde 2010
Sanlúcar es desde hace más de una década uno de los municipios con el recibo del agua más elevado de Andalucía. Esto se debe en gran medida a los términos del contrato firmado con Aqualia en 2010, que supuso una fuerte inversión inicial de la empresa (alrededor de 17 millones de euros) a cambio de la gestión del servicio durante 25 años. Ese modelo de privatización implicó una tarifa técnica elevada, justificada por las amortizaciones y márgenes de la empresa, y cláusulas blindadas de revisión de precios.
En 2020, el Tribunal de Cuentas ya alertaba de que muchos contratos de gestión del agua en municipios andaluces —incluido el de Sanlúcar— carecían de una adecuada fiscalización. IU prometió en su programa electoral la remunicipalización del servicio, pero hasta la fecha no ha iniciado un procedimiento legal en esa dirección.
Mientras tanto, las consecuencias del modelo firmado en 2010 siguen generando conflictos financieros y políticos. La actualización de tarifas por IPC seguirá siendo obligatoria según el contrato vigente, y todo indica que la tensión entre Gobierno local y oposición continuará trasladando el coste del agua a las arcas municipales, y con ello, a todos los contribuyentes.