Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena reclaman a la Junta una investigación ambiental sobre los vertidos mineros al estuario, mientras el sector defiende la seguridad de sus sistemas
Por Redacción Aliquindoi Noticias
Sanlúcar de Barrameda, 9 de abril de 2025
El futuro ambiental y económico del estuario del Guadalquivir está en el centro de un debate creciente que enfrenta a municipios ribereños y sectores productivos locales con la industria minera y la Junta de Andalucía. El foco: los vertidos de aguas procedentes de explotaciones mineras al cauce del río y su posible impacto en la salud del ecosistema y las actividades tradicionales que dependen de él.
Este miércoles, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha manifestado públicamente su respaldo a la protesta celebrada ante el Palacio de San Telmo en Sevilla, en la que ayuntamientos, colectivos agrícolas, pesqueros y vecinales reclamaron a la Junta mayor control sobre los vertidos mineros al estuario.
En dicha acción, Sanlúcar, junto a los ayuntamientos de Rota, Chipiona y Trebujena, ha reiterado su exigencia de que la Junta investigue los vertidos autorizados a la mina de Cobre Las Cruces, evalúe su impacto socioambiental, aplique una moratoria a nuevos proyectos mineros y mejore la transparencia sobre estas actividades.
El acuerdo fue respaldado por unanimidad en los respectivos Plenos municipales, fruto de una propuesta conjunta impulsada por los alcaldes y alcaldesas de estas cuatro localidades de la Costa Noroeste.
“Las concentraciones de metales en los sedimentos del estuario son elevadas y están directamente relacionadas con la actividad de esa mina”, ha denunciado la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez.
La industria minera defiende su modelo: «Los controles son estrictos y eficaces»
El mismo día de la protesta, la Asociación Aminer celebró en Sevilla una jornada técnica sobre minería sostenible y gestión del agua, con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, empresas del sector y laboratorios acreditados.
En el encuentro, compañías como Cobre Las Cruces defendieron sus sistemas avanzados de depuración y su compromiso con el medio ambiente, asegurando que sus aguas se tratan con tecnología puntera y que las descargas al río cumplen todos los parámetros legales.
Se expusieron datos de más de 17.000 controles realizados desde 2010, los cuales, según los ponentes, no muestran efectos acumulativos ni empeoramiento ambiental en el estuario.
¿Por qué preocupa en la Costa Noroeste?
Los municipios firmantes de la petición comparten algo en común: dependen directa o indirectamente del Guadalquivir. En el caso de Sanlúcar, su economía local está íntimamente ligada a la pesca, la acuicultura, la agricultura en La Algaida y el turismo ambiental.
Diversos estudios académicos ya alertan sobre la toxicidad en los sedimentos del estuario y su potencial efecto sobre los cultivos y la fauna marina. Ante ello, los cuatro ayuntamientos han alzado la voz para exigir máxima vigilancia ambiental y medidas preventivas reales.
Dos visiones, un mismo río
Mientras el sector minero defiende un modelo basado en la sostenibilidad y la recuperación del agua, los ayuntamientos de la Costa Noroeste insisten en que la Junta debe ser más diligente en su supervisión y que se debe escuchar a las poblaciones afectadas aguas abajo.
El conflicto está lejos de resolverse, pero la presión política y social va en aumento. Y el Guadalquivir, una vez más, se convierte en territorio compartido… y disputado.