El despacho González Saborido, en representación de la familia, critica que la dirección del centro no informó del presunto abuso hasta ocho días después de que ocurriera
Por Redacción Aliquindoi Noticias
Sanlúcar de Barrameda, 10 de abril de 2025
Ocho días. Ese fue el tiempo que la familia de una residente en el centro de mayores Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda, tuvo que esperar para ser informada de una presunta agresión sexual sufrida por su familiar dentro del propio centro. Un retraso que ha desatado la indignación de los allegados y ha provocado que el caso, actualmente judicializado, esté siendo seguido con atención.
Según detalla el despacho de abogados González Saborido, que representa a la familia, la presunta agresión se produjo el 19 de febrero, pero no fue hasta el 27 de febrero cuando los familiares tuvieron conocimiento de lo ocurrido. Y lo hicieron, además, por vías ajenas a la dirección del centro, a la que ahora acusan de haber mantenido un silencio injustificable.
La denuncia no partió del centro, sino del comité de trabajadores
El 24 de febrero, cinco días después de los hechos, fue una delegada sindical del Comité de Empresa quien decidió presentar denuncia ante la Policía Nacional, al tener conocimiento de la situación. Tres días después, la familia recibió la información.
“No entendemos por qué no se nos comunicó nada antes. Nos enteramos por terceros, no por quienes tenían la responsabilidad directa”, expresa la familia, que ha mostrado su “más absoluta repulsa” por la gestión del caso.
El presunto agresor sería otro residente del centro, quien fue detenido el 28 de febrero. Actualmente está en libertad provisional, con prohibición de regresar a la residencia ni contactar con la víctima.
Exigen que se depuren responsabilidades
El despacho que representa a la familia asegura que no solo se busca justicia frente al presunto autor de los hechos, sino también una investigación a fondo sobre la actuación de la dirección del centro, que, según afirman, no activó los protocolos adecuados ni informó a los familiares en tiempo y forma.
El caso se encuentra ahora en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar, que deberá determinar los hechos y evaluar si hubo negligencia institucional.